La presencia del alcohol en los accidentes de tráfico ha sido un problema persistente en las carreteras españolas, representando entre el 30% y el 50% de los siniestros mortales en 2022, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La DGT, consciente de este desafío, aboga por la erradicación del consumo de alcohol entre los conductores, reconociendo sus efectos psicoactivos incluso si la tasa de alcoholemia está dentro del límite legal de 0,25 mg/l en aire espirado.
El Código Penal español, en su artículo 379.2, considera delito la conducción bajo la influencia de alcohol cuando la tasa de alcohol en aire espirado supera los 0,60 mg/l o la tasa de alcohol en sangre es superior a 1,2 g/l. También se penaliza el dar positivo en el control de drogas y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia según el artículo 383.
Penalidades por Delito de Alcoholemia
Un conductor que supere la tasa de 0,60 mg/g en aire espirado o 1,2 g/l en sangre puede enfrentar una pena de prisión de tres a seis meses, variando según el resultado de la prueba o la reincidencia.
Además, el tribunal puede imponer una multa que oscila entre seis y doce meses de cárcel, o reemplazarla con trabajos comunitarios de 31 a 90 días. La privación del derecho a conducir vehículos a motor por uno a cuatro años también es una posible consecuencia.
La sanción económica puede alcanzar los 1.000 euros, acompañada de la retirada de seis puntos del carnet de conducir. Estas medidas buscan disuadir a los conductores de poner en riesgo la seguridad vial debido al consumo de alcohol, subrayando la gravedad legal de este comportamiento.